La Administración Penitenciaria y el coronavirus

Los poderes del Estado español, al igual que sucede en otros sistemas constitucionales, tienen habilitaciones que les permiten desplazar la legalidad ordinaria cuando las emergencias así lo demandan, lo que les otorga la facultad de adoptar, de forma excepcional, una normativa especial que atienda las magnitudes que represente una eventual emergencia. Y esta emergencia, en toda la extensión de la palabra, ha tenido lugar con ocasión de la pandemia de COVID-19.

La crisis sanitaria que estamos atravesando exige que las garantías de los derechos de los ciudadanos disminuyan en beneficio de la eficacia de las medidas de actuación dirigidas a hacer frente a la epidemia. Esta grave situación ha requerido tomar medidas de forma inmediatas en todos los ámbitos de la vida de las personas, y en especial en relación con un grupo de personas de especial vulnerabilidad que se encuentra en una situación de sujeción especial: las personas reclusas privadas de libertad en centros penitenciarios.En este orden de cosas, el Ministro del Interior, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, aprobó de forma inmediata la Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual fue publicada en BOE el mismo día de su aprobación.

Así, esta Orden contiene una relación de medidas que van a ser aplicables durante la vigencia del estado de alarma en relación con los internos de todos los centros penitenciarios del Estado.

  1. Se suspenden todas las comunicaciones ordinarias de los internos en los centros penitenciarios, dada la limitación de la libertad de circulación que tienen tanto los internos como las familias y amigos que les visitan.
  2. Se suspenden las salidas de permiso, salidas programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad, para evitar los desplazamientos que están prohibidos por el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
  3. Los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad que se hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán salir para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 del mencionado real decreto, adaptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
  4. En todos los centros penitenciarios se ampliarán las comunicaciones telefónicas que tengan autorizadas los internos, especialmente con sus abogados, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defensa.

 Esta Orden generó cierta agitación de conciencias entre la población reclusa y las organizaciones no gubernamentales, quienes reclamaban a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la adopción de medidas urgentes que salvaguarden los derechos fundamentales de los internos: más personal sanitario; aislamientos en instalaciones médicas; excarcelaciones de enfermos graves y mayores de 70 años; gratuidad de las llamadas telefónicas extras e incremento de comunicaciones orales ordinarias a través de locutorios; e implantación de un sistema de videollamada que permita mejorar las comunicaciones al exterior.

Como consecuencia de estos reclamos, la Secretaría General envió un comunicado a los Centros de Inserción Social y a las secciones abiertas de los centros penitenciarias, aclarando que la modalidad de cumplimiento de un tercer grado es una materia que entra en la esfera competencial de las Juntas de Tratamiento de los establecimientos penitenciarios. Asimismo, se recordaba que las Juntas de Tratamiento pueden acordar, caso por caso, el posible cumplimiento del tercer grado desde casa con control telemático (como dispone el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario). Sobre este punto, cabe subrayar que muchos CIS y secciones abiertas de los establecimientos penitenciarios han incrementado las concesiones de control telemático desde casa, lo que ocasionó problemas de abastecimiento de dispositivos telemáticos. Por ello, la Secretaría General aclaró que, mientras se adquieren nuevos dispositivos, ese control pueden llevarse a cabo, transitoriamente, vía telefónica. También se aclaró que los CIS y las secciones abiertas podrán autorizar que se enlacen permisos de salida, así como también se va a permitir que el control de los liberados condicionales se pueda hacer vía telefónica, previa comunicación al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

En definitiva, se trata de un paquete de medidas que trata de prevenir posibles perturbaciones del normal funcionamiento de los establecimientos penitenciarios. Además, ello viene complementado en algunos casos con medidas acometidas por los propios centros, como ha sucedido en el Centro Penitenciario de El Acebuche, donde: se han suspendido la ejecución de sanciones por incumplimiento de normas; se utiliza un protocolo para presos que ingresen del exterior consistente en que estos permanezcan en observación, aunque no presente síntomas, durante 14 días; se agilizan los cobros de los giros, de manera que puedan disponer de su dinero de la forma más inmediata posible; no se llevan a cabo actividades deportivas multitudinarias o aquellas que impliquen aglomeración de internos; y se desinfectan las distintas dependencias con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME). A lo que podemos añadir la labor encomiable de seis de sus internas, quienes, desde el inicio de la crisis sanitaria, vienen confeccionando diariamente unas cien mascarillas, las cuales son donadas a las distintas entidades que las van necesitando.

Written by oposicionesopen

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